Después del terremoto: Ibagué no debe desperdiciar la posibilidad de aprender sin pagar el costo humano

Por Eduardo Vélez Soto
Doctor en Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Protección Civil, con más de 35 años de experiencia técnica y operativa en gestión del riesgo, resiliencia comunitaria y respuesta humanitaria en América Latina y el Caribe.

Ibagué se salvó por poco y conviene decirlo así, sin adornos. El sismo de magnitud 7,4 del lunes 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, dejó al país con 287 personas fallecidas, 4.147 heridas, 194 desaparecidas y cerca de 186.000 afectadas en 15 departamentos, según el reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres del 17 de agosto. En el Tolima no murió nadie. Hubo, eso sí, daños en 25 de los 47 municipios, 224 viviendas con afectación estructural, 16 hospitales con daños menores, 21 instituciones educativas comprometidas, iglesias sin cúpula en Chaparral y Roncesvalles y deslizamientos en el corredor Ibagué-Cajamarca.

En la capital la alcaldesa Johana Aranda reportó más de 60 viviendas afectadas, más de 70 emergencias atendidas, 17 de ellas en colegios, y 12 personas atendidas por lesiones leves. La sede de CORTOLIMA en la calle 42 tuvo que evacuarse. La Gobernación del Tolima pasó a trabajo remoto tras encontrar fisuras en su edificio del centro. El Palacio de Justicia también quedó en el listado. Los ingenieros tolimenses concluyeron que el comportamiento general de las edificaciones fue favorable, y hay que agradecerlo, aunque el dato que importa es otro: el epicentro estaba a más de doscientos kilómetros. Lo que ocurrió aquí no fue una prueba de resistencia. Fue un aviso.

Una ciudad construida sobre sus fallas

La diferencia entre Ibagué y las ciudades que hoy entierran a sus muertos es la distancia al epicentro, no la calidad de la preparación. Esta ciudad está sentada sobre el abanico aluvial de Ibagué y atravesada por fallas activas. Los estudios de microzonificación recopilados en el repositorio de la UNGRD identifican las fallas de Buenos Aires e Ibagué cruzando el casco urbano, junto con Chapetón-Pericos, Martinica y Palestina en el entorno regional, y clasifican a la ciudad en nivel de amenaza alta, con aceleraciones pico esperadas del 20 % de la gravedad (el sismo ahora será equivalente a un empuje del 20% del peso de las edificaciones). El Servicio Geológico Colombiano, por su parte, recordaba que el mapa nacional de 1998 ubicaba el sector de Ibagué en amenaza intermedia. Esa discrepancia entre fuentes no es un detalle académico: define qué tan exigente es la norma que aplican los curadores urbanos cuando aprueban una torre de doce pisos.

La falla de Ibagué tiene unos 124 kilómetros y un movimiento de rumbo lateral derecho. Tras el terremoto, CORTOLIMA la puso de nuevo sobre la mesa en el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo y advirtió que puede ser una fuente sísmica de alcance regional. La paleo sismología de la trinchera de Chucuní y los estudios de microzonificación coinciden en un evento esperado del orden de magnitud 7, con desplazamientos súbitos que han llegado a más de tres metros. INGEOMINAS la describió como una estructura potencialmente productora de grandes sismos, con centros poblados en su campo cercano donde viven cerca de trece millones de personas. El geólogo Jonathan Ortiz lo resumió bien en estos días: la falla hoy está quieta, y eso no significa que no pueda reactivarse.

El estudio que existe y no se aplica

Aquí aparece el punto más incómodo de esta columna. Ibagué tiene un estudio de microzonificación sísmica actualizado. Se terminó en 2020, se socializó y quedó esperando el aval de la Comisión Asesora Permanente del Régimen de Construcciones Sismo Resistentes. Ese aval llegó apenas en el primer trimestre de 2026, según el director del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, Félix Salgado. Falta lo esencial: que la administración lo lleve a Planeación, lo adopte en el Plan de Ordenamiento Territorial y lo convierta en requisito exigible para los curadores. Mientras eso no pase, la ciudad construye con información desactualizada sobre el suelo que la sostiene. Seis años entre un estudio técnico y su aplicación es una decisión política, no un retraso administrativo.

Los números del desastre nacional ayudan a dimensionar lo que está en juego. BTG Pactual estimó que la reconstrucción exigiría un esfuerzo inicial cercano al 1 % del PIB, unos 20 billones de pesos o 6.350 millones de dólares. El Servicio Geológico de Estados Unidos ubica el escenario más probable de pérdidas entre 1.000 y 10.000 millones de dólares. La agenda ex ante de Ibagué, en cambio, cabe en cuatro decisiones de bajo costo comparativo: adoptar la microzonificación en el POT con plazos y responsables; evaluar y reforzar las edificaciones indispensables, empezando por los hospitales que ya mostraron grietas y por los colegios con prioridad alta; vigilar en obra el cumplimiento de la NSR-10 en la autoconstrucción de las laderas y en la vivienda nueva; y diseñar desde ahora la protección financiera del municipio, con reservas y transferencia del riesgo, en lugar de esperar un fondo nacional que llegue después del entierro.

La mitad que nadie presupuesta

Falta la otra tarea, la que no aparece en los planes de inversión. La reconstrucción se piensa en viviendas, vías, hospitales y colegios. El tejido social queda de último, cuando queda. El Tolima no necesita que le expliquen esto. Armero, en 1985, dejó más de veinte mil muertos y una lección que el país todavía no ha procesado: familias dispersas, niños separados de sus padres durante décadas, una comunidad que perdió el lugar donde se reconocía. Cuarenta años después seguimos discutiendo indemnizaciones. Eso también es una obra inconclusa.

Sanar lo social significa tratar el duelo colectivo como asunto de salud pública, sostener las redes comunitarias que el desastre fragmenta y aceptar que un plan diseñado en un escritorio, sin la gente, se convierte en una imposición técnica ajena a la forma de vivir del territorio. En Ibagué eso tiene nombres concretos: las juntas de acción comunal de las trece comunas, los colegios que hoy dan clase virtual mientras revisan sus estructuras, la Universidad del Tolima, la Sociedad Tolimense de Ingenieros, los barrios de ladera del Combeima y del Vergel, los gremios. No como beneficiarios de un plan ya escrito, sino como coautores de la estrategia de resiliencia de la ciudad.

Ibagué tiene hoy algo que Pereira y Cali no tuvieron: la posibilidad de aprender sin pagar el costo humano. Desperdiciarla, dejando el estudio de microzonificación en un cajón y repitiendo que la falla está quieta, sería la forma más costosa de administrar una ciudad. Reconstruir lo físico y sanar lo social no son etapas posteriores al desastre. Son las dos tareas que deberíamos estar haciendo esta semana, antes de que la tierra decida por nosotros.