La calidad universitaria ya no se declara: se demuestra
La reforma a la Ley 30 abrió por fin la puerta para financiar las universidades públicas después de treinta años. El verdadero reto no es cuánto dinero recibimos, sino cómo lo usamos. Hoy quiero detenerme en la primera y más exigente respuesta a esa pregunta: la calidad. Porque mientras discutíamos de presupuestos, el país cambió, casi en silencio, las reglas con las que mide si una universidad es buena.
El nuevo modelo de acreditación en alta calidad que adoptó el Consejo Nacional de Educación Superior el año pasado trae un giro de fondo que conviene entender. Durante años, acreditar una institución se pareció demasiado a un ejercicio de papelería: planes bien redactados, documentos ordenados, comités que sesionaban. El nuevo modelo mueve el eje hacia un lugar más incómodo y más honesto: los resultados. Ya no basta con prometer calidad; hay que demostrar que se transforma la vida de los estudiantes, que la investigación resuelve problemas reales y que el egresado encuentra un lugar productivo en la sociedad.
Como economista, celebro ese cambio. Toda mi disciplina se construye sobre una idea sencilla: lo que importa no son los insumos, sino los resultados que producen. Una universidad puede tener edificios nuevos, muchos profesores y un presupuesto sano, y aun así estar fallando en lo esencial si sus graduados no aprenden, no consiguen empleo o no mejoran su entorno. Medir impacto, y no solo intención, es la forma más seria de cuidar el dinero público y de respetar a las familias que confían en la educación como su vía de ascenso.
Aquí es donde aparece el riesgo, sobre todo para las universidades de las regiones. La acreditación de alta calidad dejó de ser un adorno para volverse la garantía mínima de que un título sirve; perderla, o no renovarla a tiempo, no es un tropiezo administrativo, sino una herida a la confianza, a la matrícula y a los recursos de una institución entera. Y esa calidad no se puede improvisar en los últimos meses. Se construye con años de anticipación, con una cultura permanente de autoevaluación, con datos confiables y con la humildad de reconocer las propias debilidades antes de que las señale un par evaluador.
Demostrar impacto, en concreto, significa hacerse preguntas difíciles y responderlas con evidencia. ¿Nuestros egresados consiguen empleo pertinente, o engrosan las filas del subempleo? ¿Nuestra investigación ilumina los problemas del territorio que nos financia, o se queda en la vanidad de la publicación que nadie lee? ¿Nuestros estudiantes aprenden de verdad, o apenas transitan? Las instituciones que se atrevan a mirarse en ese espejo, con rigor y sin autocomplacencia, saldrán fortalecidas. Las que sigan tratando la acreditación como un ritual burocrático de última hora, tarde o temprano lo pagarán caro.
No lo digo como una amenaza, sino como una oportunidad. Las regiones que entienden que la calidad de su universidad pública es un asunto estratégico, y no un trámite, están invirtiendo desde ya en prepararse para este nuevo estándar. Porque una universidad que demuestra resultados atrae mejores estudiantes, más recursos, más aliados y más confianza. La calidad, bien entendida, no es un costo: es el mejor negocio que una región puede hacer con su futuro.
Al final, la calidad no es un documento que se firma ni un sello que se cuelga en la entrada. Es una cultura que se vive todos los días, en cada aula y en cada laboratorio. Y como todo lo que de verdad transforma un territorio, empieza mucho antes de que llegue el examen.
