Fiscalía imputó a Laura Sarabia por caso Marelbys Meza: le atribuyen tres delitos
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos este lunes 14 de septiembre a la exfuncionaria Laura Sarabia por los hechos relacionados con el polígrafo practicado a Marelbys Meza, quien trabajaba como niñera de su familia cuando se registró la desaparición de dinero en su vivienda, en enero de 2023.
La audiencia se realizó ante un juez de control de garantías en Bogotá. Durante la diligencia, el ente acusador le atribuyó presuntamente los delitos de abuso de función pública, constreñimiento ilegal y peculado, este último relacionado con el supuesto uso de recursos y bienes del Estado para fines particulares.
De acuerdo con la Fiscalía, Sarabia habría utilizado su posición como alta funcionaria para ordenar o direccionar actuaciones que permitieron trasladar a Marelbys Meza a la Casa Galán, una sede de inteligencia ubicada frente a la Casa de Nariño, donde fue sometida a una prueba de polígrafo.
La investigación busca establecer si funcionarios y recursos destinados a labores oficiales fueron utilizados para esclarecer la desaparición del dinero reportado en el apartamento de la entonces jefe de gabinete del Gobierno de Gustavo Petro. La Fiscalía sostiene que el procedimiento no hacía parte de las funciones institucionales de seguridad presidencial.
El caso se convirtió en uno de los mayores escándalos políticos y judiciales del anterior Gobierno, debido a las denuncias sobre el trato recibido por Meza y las posteriores investigaciones por presuntas actuaciones irregulares de integrantes de organismos de seguridad.
Durante la audiencia, la Presidencia de la República solicitó ser reconocida como víctima dentro del proceso, petición que fue aceptada por la jueza. En contraste, Marelbys Meza y Fabiola Perea no fueron reconocidas como víctimas en esta etapa específica de la actuación judicial.
La imputación no constituye una condena ni implica que Sarabia haya sido declarada culpable. El proceso continuará conforme a las decisiones que adopten la Fiscalía, la defensa y las autoridades judiciales.
