Horror, una Colombia pobre en medio de la riqueza
Los problemas de redistribución de la riqueza en Colombia tienen causalidad y relación directa con la tenencia de la tierra, desde que la corona española otorgo tierras a la iglesia (clero, jesuitas y españoles) el país quedo sometido a la desigualdad. Las reformas liberales de mitad de siglo XIX (1850 – 1860), en especial la ley de “Desamortización de Bienes de Manos Muertas”, hizo que una importante porción de tierras que tenía la iglesia (clero) fueran entregadas a campesinos para que pudieran producir libres de todo yugo, esto se dio entre 1860 y 1880.
Una vez llega Rafael Núñez al poder (primero liberal – luego conservador), después de promulgada la constitución de 1886, es abolido el proceso de desamortización de bienes, haciendo que esas tierras productivas que habían sido entregadas a campesinos, regresaran nuevamente a manos de los más grandes terratenientes que hasta el momento había tenida el país clero, iglesia, jesuitas, españoles cercanos a la corona y uno que otro criollo acomodado. Hoy permanece establecido ese modelo (feudal, pre-capitalista), con el agravante de que son muy pocos los poseedores de grandes extensiones de tierra en Colombia, justo ahí inicia la desigualdad por concentración de riqueza. Advierto que no es culpa de los legítimos poseedores de la tierra, mucho menos de aquellos que con trabajo esfuerzo y sacrificio la han conseguido.
Hoy, después de 170 años, es imposible entender como un país que posee 39.5 Millones de Hectáreas aptas para la agricultura (datos UPRA), solo utiliza 7.5 Millones de Hectáreas en actividades agrícolas (El 22 % del territorio apto). Es totalmente vergonzoso estar catalogados por parte de la FAO como un país en grave riesgo de inseguridad alimentaria. Somos dependientes de cadenas globales de productos como sucede con las importaciones de maíz, soya, torta de soya, trigo, lenteja, arveja, garbanzo, leche, plátano y hasta café. El año pasado (2021), a Colombia ingresaron cerca de 13.5 millones de toneladas de alimentos a razón de U$ 8.500 Millones de dólares; esto sin contar todo lo que pudiese haber entrado de contrabando.
A pesar de que el campo colombiano presenta serios problemas como: envejecimiento poblacional, pobreza (monetaria y multidimensional), NBI, informalidad, entre otros; se convierte en la principal alternativa para el desarrollo económico y la recuperación del tejido social con enfoque de perspectiva de género y empalme generacional. Para desarrollar este enfoque se hace necesario establecer cuatro (4) dimensiones: 1. Ambiental, 2. Humana, 3. Competitiva, 4. Institucional; las cuales sirven como una ruta metodológica para el diseño de políticas, programas, estrategias y alternativas de solución que garanticen la sostenibilidad agroalimentaria en el país.
Pretender transformar el campo sin las herramientas necesarias y suficientes sería una pérdida de tiempo, plata y esfuerzo. Se hace imperante y necesario generar una política de articulación educativa (urbana – rural) que permita la formación en competencias y saberes básicos, en complemento, la apropiación de conocimiento y entrega de paquetes tecnológicos e insumos que garanticen productividad y competitividad.
La asociatividad, mírese por donde se mire, es un proceso complejo de alcanzar en Colombia, por lo que se hace más conveniente pasar a una esfera de economía colaborativa, lo que facilitaría la integración productiva y con esto la conformación y consolidación de encadenamientos cortos, garantizando la comercialización e incluso la exportación de bienes o servicios.
El país necesita con total urgencia una política agraria que garantice en el mediano plazo la seguridad alimentaria. La inflación y devaluación, así como la baja disponibilidad y encarecimiento de materias primas son apenas algunas de las variables, pues el tema de cambio climático no se puede dejar de lado. Aunque no se ha dado una declaratoria de emergencia alimentaria, estamos al borde del abismo inflacionario y sumando, la incertidumbre no puede seguir siendo el pan de cada día, necesitamos pisar tierra firme para garantizar la seguridad y sostenibilidad alimentaria de los colombianos, especialmente para esos 21 millones de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y pobreza.
