La salud no puede seguir siendo una pelea política
Durante los últimos meses, Colombia ha vivido uno de los debates más intensos de su historia reciente: el futuro del sistema de salud. Mientras el Gobierno Nacional, las EPS, los hospitales, las clínicas y los diferentes actores del sector se señalan mutuamente como responsables de la crisis, millones de pacientes siguen esperando medicamentos, citas médicas, procedimientos y tratamientos que no pueden aplazarse.
Es cierto que los problemas del sistema de salud colombiano no comenzaron con el actual gobierno. Durante años existieron denuncias por demoras en autorizaciones, dificultades en la atención, deudas entre EPS e IPS y problemas administrativos que afectaban la calidad del servicio. Negarlo sería desconocer una realidad que venía acumulándose desde hace mucho tiempo.
Sin embargo, también es cierto que las decisiones adoptadas durante los últimos años no han logrado mejorar la situación de los pacientes. Por el contrario, la percepción de miles de colombianos es que el acceso a los servicios de salud se ha vuelto más difícil, más lento y más incierto.
Uno de los principales puntos de discusión ha sido la financiación del sistema. Diversos expertos, asociaciones médicas y actores del sector han advertido sobre una posible insuficiencia de recursos derivados de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el monto que el Estado reconoce por cada afiliado para cubrir la atención en salud. Según estas voces, el crecimiento de los recursos no ha sido suficiente para responder al aumento de los costos médicos, los medicamentos de alto costo, las nuevas tecnologías y la inflación del sector salud.
El Gobierno sostiene una posición diferente y afirma que muchos de los problemas obedecen a fallas históricas en la administración de los recursos por parte de algunas EPS. Sin embargo, independientemente de quién tenga la razón en esta discusión, existe una realidad imposible de ocultar: los pacientes continúan enfrentando enormes barreras para acceder a la atención que necesitan.
La intervención de EPS Sanitas se presentó como una medida para corregir problemas financieros y garantizar la protección de los usuarios. No obstante, después de dicha intervención continuaron las denuncias relacionadas con retrasos en la entrega de medicamentos, dificultades para acceder a especialistas y problemas en la continuidad de los tratamientos.
Más allá de las cifras, las estadísticas y los discursos políticos, detrás de cada retraso existe una persona esperando. Detrás de cada autorización aplazada existe una familia angustiada. Detrás de cada medicamento que no llega a tiempo existe un paciente cuya condición puede empeorar.
Lo escribo no solamente como ciudadana, sino como hija.
Mi madre enfrentó una dura batalla contra el cáncer. Durante ese proceso conocí de cerca la angustia de esperar respuestas, autorizaciones y medicamentos que para un paciente oncológico no son un lujo ni una opción, sino una necesidad urgente. Cuando una persona lucha por su vida, cada día cuenta. Cada semana de retraso tiene consecuencias. Cada obstáculo administrativo se convierte en una carga adicional para quien ya enfrenta una enfermedad devastadora.
Por eso considero que el debate sobre la salud no puede reducirse a una confrontación ideológica entre quienes defienden al Gobierno y quienes defienden a las EPS. La verdadera pregunta debería ser otra: ¿están los pacientes recibiendo la atención oportuna y digna que merecen?
La salud no puede convertirse en un campo de batalla política donde unos y otros se disputan la razón mientras los ciudadanos sufren las consecuencias. Los pacientes no necesitan discursos. Necesitan soluciones. No necesitan culpables. Necesitan medicamentos. No necesitan más confrontaciones. Necesitan atención.
Porque al final, detrás de cada cifra hay una historia humana. Y ninguna reforma, ninguna intervención y ninguna diferencia política puede ser más importante que la vida de las personas.
Lo escribo no solamente como ciudadana, sino como hija.
No responsabilizo al actual Gobierno Nacional por el cáncer que padeció mi madre. Tampoco afirmo que la intervención de Sanitas haya sido la causa de su enfermedad. Sería injusto y poco riguroso hacerlo.
Sin embargo, tampoco puedo ignorar lo que viví durante los últimos meses de su vida.
Mi madre pasó años consultando médicos, manifestando que algo no estaba bien en su cuerpo, insistiendo en que necesitaba estudios más profundos y una evaluación más completa. Hoy sigo preguntándome si una atención más oportuna habría permitido detectar la enfermedad en una etapa diferente. Esa responsabilidad no recae sobre el Gobierno Nacional. Esa responsabilidad corresponde a quienes tuvieron durante años la obligación de escucharla, examinarla y actuar con diligencia.
Pero cuando finalmente llegó el diagnóstico y comenzó la batalla contra el cáncer, apareció otra realidad dolorosa: la de un sistema de salud cada vez más difícil de navegar para los pacientes y sus familias.
Mi experiencia estuvo marcada por tutelas, derechos de petición, solicitudes ante la Superintendencia Nacional de Salud, llamadas constantes, trámites interminables y la angustia permanente de no saber si los tratamientos, las quimioterapias o los medicamentos llegarían a tiempo.
Durante sus últimos días, mi madre tenía derecho a recibir cuidados paliativos integrales y una atención digna acorde con la protección especial que la legislación colombiana reconoce a los pacientes con cáncer. Sin embargo, muchas de esas garantías se quedaron en el papel. Hubo medicamentos que no llegaron oportunamente, apoyos que tardaron más de lo debido y servicios que exigieron una lucha constante por parte de nuestra familia.
Como cuidadora principal, terminé enfrentando prácticamente sola gran parte de esa carga. El desgaste físico, emocional y psicológico fue enorme. No solamente estaba viendo sufrir a mi madre; también estaba luchando diariamente contra barreras administrativas que nunca deberían existir para una persona en fase avanzada de una enfermedad terminal.
Por eso mi reflexión no busca señalar un único culpable. Sería demasiado simple para una realidad mucho más compleja.
Considero que Sanitas debe responder por las decisiones y omisiones que afectaron la atención de mi madre durante años. Pero también considero legítimo preguntarnos si las decisiones adoptadas por el Estado durante la crisis del sistema de salud lograron realmente mejorar la atención de los pacientes o si, por el contrario, terminaron profundizando dificultades que ya existían.
Lo que sí puedo afirmar, desde la experiencia y no desde la ideología, es que mi madre merecía más. Merecía una atención oportuna. Merecía menos trámites. Merecía menos obstáculos. Merecía recibir a tiempo sus medicamentos, sus cuidados paliativos y el acompañamiento necesario para afrontar con dignidad la etapa final de su vida, y como ella, miles de pacientes colombianos merecen mucho más que una discusión política. Merecen un sistema de salud que funcione.
Las decisiones adoptadas durante la crisis del sistema de salud coincidieron con un deterioro en la atención que recibió mi madre durante sus últimos meses de vida.
Como hija y cuidadora, sentí que el sistema de salud le falló a mi madre en el momento en que más necesitaba acompañamiento, medicamentos y cuidados paliativos.
La enfermedad de mi madre ya era una batalla suficientemente difícil. Nunca debimos librar otra batalla paralela contra el sistema de salud.
Esto es un llamado para que tomemos decisiones responsables a la hora de ejercer el voto, y determinar con conciencia el rumbo de nuestro país, los próximos cuatro años.
