Los retos que recibe Abelardo de la Espriella
El próximo 7 de agosto Colombia cerrará un capítulo político y abrirá otro. Más allá de las pasiones, las simpatías o los rechazos que genera el presidente Gustavo Petro, el verdadero debate no debería centrarse únicamente en juzgar su gobierno, sino en comprender qué país recibe el presidente electo Abelardo de la Espriella y cuáles serán los desafíos que tendrá que enfrentar.
Sería injusto afirmar que durante estos cuatro años no hubo avances. También sería injusto ignorar los problemas que se profundizaron o que quedaron sin resolver. Como ocurre con la mayoría de los gobiernos, el balance es más complejo que los discursos de campaña.
En materia social, el gobierno Petro deja indicadores que muestran una reducción de la pobreza y de la pobreza extrema. Asimismo, logró avanzar en la ampliación de apoyos para sectores vulnerables y puso sobre la mesa problemáticas históricas de regiones olvidadas como La Guajira, el Pacífico y otras zonas apartadas del país. También impulsó una reforma pensional que busca brindar algún nivel de protección económica a miles de adultos mayores que nunca pudieron cotizar, aunque algunos analistas y expertos, se debaten si es buena o no.
En el frente económico, recibió un país golpeado por la inflación mundial derivada de la pandemia y de los conflictos internacionales. Aunque el control de la inflación fue principalmente responsabilidad del Banco de la República, el país logró estabilizar sus indicadores macroeconómicos y reducir parte de su exposición a la deuda externa, sustituyendo una porción importante de esta por deuda interna.
Sin embargo, cada uno de estos avances tiene matices que no pueden ignorarse. El aumento sostenido del salario mínimo benefició a millones de trabajadores, pero también generó preocupaciones legítimas en pequeños y medianos empresarios que enfrentaron mayores costos laborales en un contexto económico complejo. Muchos sectores productivos argumentan que la alta carga tributaria, sumada al incremento de costos, limitó la generación de empleo formal y afectó la capacidad de crecimiento de numerosas empresas.
De igual manera, aunque el gobierno visibilizó la crisis humanitaria de La Guajira y prometió convertirla en una prioridad nacional, los escándalos de corrupción relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y los cuestionamientos sobre el manejo de recursos destinados a las comunidades más vulnerables terminaron golpeando la credibilidad de varios programas que buscaban precisamente atender esas necesidades.
Pero si hay un tema que marcará la agenda del próximo gobierno, será la seguridad. La llamada Paz Total generó expectativas importantes, pero los resultados estuvieron lejos de ser concluyentes. En muchas regiones del país persistieron problemas asociados al control territorial de grupos armados ilegales, el narcotráfico, la extorsión y el reclutamiento de menores. Recuperar la seguridad en amplias zonas del territorio nacional será probablemente el principal reto que deberá enfrentar la nueva administración.
Otro desafío será reconstruir la confianza institucional. Durante estos años el país vivió una fuerte polarización política, frecuentes enfrentamientos entre el Ejecutivo y distintos sectores de la sociedad, así como una constante tensión entre el Gobierno Nacional y otras ramas del poder público. Gobernar un país dividido requerirá diálogo, capacidad de concertación y la construcción de acuerdos que permitan superar la lógica permanente de confrontación.
La salud será igualmente una prueba determinante para el nuevo gobierno. Más allá de las posiciones ideológicas sobre el sistema, millones de colombianos han expresado preocupación por el acceso a medicamentos, las dificultades financieras de varias entidades y la incertidumbre sobre el futuro del modelo de atención. Resolver esta situación exigirá decisiones responsables que garanticen tanto la sostenibilidad financiera como la atención oportuna de los pacientes.
Por ello, más que hablar de un gobierno exitoso o fracasado, quizás la definición más justa sea reconocer que el gobierno Petro deja un legado contradictorio: avances sociales que incluso algunos de sus críticos reconocen, pero también problemas de seguridad, salud, gobernabilidad y ejecución institucional que impidieron que muchas de sus promesas se materializaran plenamente.
Ahora la responsabilidad pasa a otras manos. El reto de Abelardo de la Espriella no será únicamente corregir los errores que considere cometidos por su antecesor, sino conservar aquello que funcione, fortalecer lo que dio resultados y resolver los problemas que continúan afectando a millones de colombianos.
Los ciudadanos ya emitieron su veredicto en las urnas. A partir del 7 de agosto comenzará una nueva etapa. Y como ocurre en toda democracia, el verdadero éxito no estará en demostrar quién tenía la razón durante la campaña, sino en responder a las necesidades reales de un país que sigue esperando seguridad, oportunidades, crecimiento económico y bienestar para todos.
