Opinión

Legalidad y legitimidad

Ricardo Orozco Valero

Ricardo Orozco Valero

Gobernador del Tolima y Columnista Invitado

Muy importante en la vida pública y política contar con legitimidad, expresión hoy por hoy muy amenazada por cuenta de la calumnia, que rueda y rueda, sobre todo ahora en los medios alternativos, pero que tiene garantía en las acciones y los hechos, pero más en la legalidad, esa que hace justicia.

La legitimidad, se construye cuando imperan los comportamientos éticos, justos, auténticos y correctos, pero también en el marco de la legalidad, por eso tan determinante para quienes ejercemos cargos públicos saber diferenciar, pero además articular estos dos valiosos conceptos, en nuestra cotidianidad de la vida pública y privada. Muy importante conocer las obligaciones ciudadanas y las de funcionario público, pues una y otra definen comportamientos y reglas para su ejercicio, so pena de someterse a la justicia ordinaria, disciplinaria o fiscal en concordancia a la violación de esas imperativas obligaciones legales, podríamos decir entonces, que algunos pueden gozar de una cierta legitimidad, amoral, momentánea y efímera, pero no legal que genera algún tipo de percepción, por supuesto también transitoria.

Para quienes transitamos en las aulas de clase, en materia de comunicación social y conocimos un autor muy importante para nuestra carrera, como lo es Max Weber sabemos que nos dejó una teoría que conecta legitimidad y legalidad, concluyendo que la legitimidad de una dominación depende de la legalidad.

La verdad es fundante, roca firme en legalidad y legitimidad, estas no se contraponen ni se excluyen, por el contrario, se complementan. La legalidad contiene legitimidad en la norma, por lo que, en lo público, no se puede legitimar la calumnia, porque es legitimar ilegalidad, menos darle fuerza en acción contestataria, pues es promover en la opinión publica la ilegalidad.

En defensa de la verdad, tan escasa en estos tiempos,  la legitimidad y la legalidad, son absolutamente necesarias y hay que protegerlas, en ese ejercicio la defensa debe darse en los estrados judiciales, en defensa de la institucionalidad, no en ningún otro medio.

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